La llamada “ley Sinde” es un apartado de la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dedicada a la regulación de webs y a la protección de la propiedad intelectual. Fue aprobada en el Congreso el 15 de febrero de 2011 gracias al apoyo que PP y CiU brindaron al gobierno, después de diversas negociaciones.
Esta ley se encuentra dentro del marco de actuación que la Eurozona está aplicando para sus gobiernos respecto a la regulación de Internet. Y es apoyada y promovida además por EEUU, como confirman los cables publicados en Wikileaks.
El Congreso aprueba leyes que benefician a la sociedad. Veamos a qué sociedad en este caso:
Por una parte está la industria cultural representada por la Coalición de Creadores, formada por entidades como la Sociedad General de Autores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae).
Ligadas a esta industria encontramos a diversas figuras del panorama cultural español, como Alejandro Sanz, Fernando Trueba o Eduardo Noriega. Más de 150 escritores, entre ellos Almudena Grandes, Rosa Montero, Juan José Millás, Ángeles Caso, Elvira Lindo, Fernando Savater y Enrique Vila Matas, firmaron un manifiesto por el Copyright, en el que señalan que “Internet debe ser un medio libre y neutral, pero eso no quiere decir que no deban existir reglas en su administración y que pueda conservar la impunidad quien las infringe”.
Los principales argumentos a favor de dicha ley son los siguientes:
- Descargar contenido protegido por derechos de autor sin su consentimiento es ilegal porque así lo dice la Ley de Propiedad Intelectual, si bien no es delito porque no encaja dentro de lo establecido en el Código Penal, que exige que la conducta tenga ánimo de lucro. Tampoco es la intención del Parlamento que esta conducta se castigue con cárcel.
- La Ley Sinde incorpora la participación de un juez en diferentes momentos del procedimiento estableciendo un sistema con garantías suficientes para alejar el peligro de la censura.
Desde la aparición en escena de esta Ley, numerosos colectivos formales e informales se han manifestado en contra.
Los partidos políticos que han mostrado una postura claramente contraria son Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos y el Partido Pirata. También se han pronunciado claramente en contra la asociación de consumidores Facua y el diario 20minutos, único medio de comunicación español en posicionarse abiertamente.
Se ha generado un auténtico debate social, principalmente en la Red, y se han puesto en marcha campañas en contra de la ley, movilizaciones de la opinión pública y recogida de firmas. Periodistas, blogueros e internautas redactaron un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por miles de usuarios a través de las redes sociales. En dicho manifiesto se esgrime que “Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir”. Se critica principalmente que se sitúen los derechos de autor por encima de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad.
Blogueros, periodistas, abogados, administradores de webs, y un largo etcétera de usuarios han criticado la iniciativa del Gobierno aduciendo muchas razones. En primer lugar, consideran que se trata de una ley que obedece a criterios empresariales y desatiende los derechos de los internautas, tal y como reclaman organizaciones de consumidores. Además, deja en una situación ambigua muchas prácticas de los usuarios de Internet, como la remezcla.
Los creadores llevan años quejándose de las condiciones abusivas de la “industria cultural” y de las sociedades de gestión. Escritores, músicos y cineastas se lamentaban de la miseria que les llegaba a ellos, los auténticos creadores, de los beneficios generados por los derechos de autor.
La tecnología e Internet les está ofreciendo una nueva forma de gestionar dichos derechos, más directamente. Es verdad que es un camino todavía incierto que debe estudiarse, pero al menos es otro camino. Y muchos autores han comprendido rápidamente que esta nueva realidad es una gran oportunidad de negocio.
Es lógico que las empresas productoras de bienes culturales y los propios autores exijan una ley que proteja su propiedad. Pero una ley no va a cambiar la realidad: la tecnología ha hecho fácil la copia y la distribución de los contenidos. Las empresas que viven de vender estos contenidos tienen que ofrecer algo más que copias y distribución si quieren sobrevivir.
Escoger licencias copyleft para proteger sus creaciones, supone para un músico no perder el control de los derechos que genere su obra, lo que sí ocurre cuando un autor se afilia a una entidad de gestión, siendo ésta la que pasa a ostentar la titularidad de sus derechos en todos los conceptos.
Álex de la Iglesia expone un argumento muy interesante: "De pronto descubrí que había muchos puntos en común [entre la industria cultural y los internautas]. Nadie estaba a favor del todo gratis, estaban de acuerdo en reconocer los derechos (y obligaciones) del autor frente a su obra, y a todos les parecía correcto buscar una manera ágil y eficaz de hacerlo. Yo, por mi parte, reconocí que el modelo de mercado necesitaba ser ampliado y corregido, que la oferta legal no era suficiente, y que compartir archivos con libertad era algo inamovible y deseado por todos".
También hay que eliminar el argumento de que la piratería está acabando con la “cultura”; está acabando (afortunadamente) con la “industria cultural” que conocemos, que beneficia solo a unos pocos. Dicha “industria” en lugar de quejarse, debería observar y aprender de los “piratas”, ya que ellos han comprendido que se puede hacer (o no hacer) negocio en Internet. Y no aferrarse a una ley que, entre otras cosas, es inviable.
